“Para que Pisco sea una ciudad moderna se recomienda que cuanto antes entregue en concesión el servicio de agua potable a operadores privados”. A Tumbes, que no había vivido un terremoto, le dijeron lo mismo y concedieron su empresa de agua en el 2005. Ahora los alcaldes provinciales están poniendo velas a sus santos para que el juez que debe resolver esta semana sobre la nulidad del contrato se pronuncie contra la empresa argentina Aguas de Tumbes (ATUSA) por haber incumplido los compromisos que suscribió ante sus antecesores.
¿Cómo puede ser que en el Perú se esté contando el fracaso total de la experiencia privatista que impulsaron el ex presidente Alejandro Toledo y su ministro Vivienda Carlos Bruce para abrir lo que se suele llamar el “mercado del agua” (una de las condiciones del TLC), aún cuando fuera en el departamento más pequeño, y en paralelo se esté ofreciendo la misma receta a la población que viene de ser castigada por un evento destructivo de grandes proporciones? Sólo hay una explicación: la desinformación sistemática de los medios de comunicación peruanos.
Seguramente algunos recordarán la campaña de titulares impulsando la concesión, las burlas contra los que nos oponíamos y los editoriales cuando se consumó el proceso, cuando por fin habíamos entrado a la era del agua privada, que promueven los amigos de la Corporación Suez y otros candidatos a quedarse con SEDAPAL.
¿Quién era la concesionaria? No interesaba, aunque se tratara de una empresa pequeña, de un país donde la privatización de los servicios del agua ha sido repudiada en Córdoba, Buenos Aires y otras localidades, y los facturadores extranjeros echados por el propio gobierno, aquí los recibíamos con los brazos abiertos, porque además iban a ayudar a hacer de Tumbes un destino turístico de la patada, con hoteles de playa a todo dar, que ahí estaba el negocio de vender agua a buen precio.
Sin embargo, luego se olvidaron de Tumbes. El modelo del modelo quedó pasmado. Se hizo la concesión y el agua siguió distribuyéndose en horarios intermitentes, las tuberías siguieron deteriorándose, las filtraciones produjeron contaminación, las tarifas subieron cuando se había ofrecido que eso no ocurriría. Los alcaldes que aceptaron el chantaje de Proinversión y de Carlos Bruce, se arrepintieron en público, y los que los reemplazaron están ahora inclinados por regresar a su casa a los empresarios argentinos incumplidos.
Un contrato nulo
El 20 de febrero de 2007, la empresa concesionaria ALTUSA solicitó la suspensión de los plazos contractuales a fin de garantizar que los créditos y donaciones que estaban pendientes de otorgamiento por parte del Estado y la banca internacional, les fuesen finalmente entregados. Estos fondos estaban justamente retenidos por los incumplimientos de la empresa. Se establecía así un problema aparentemente irresoluble. La concesionaria exigía apoyo financiero que le era negado hasta tanto no mostrara ser capaz de cumplir las metas previstas.
En opinión de SUNASS (organismo regulador de los servicios de saneamiento), no existe una causal para la suspensión de los plazos ya que no se presenta ninguno de los casos previstos en la cláusula correspondiente: fuerza mayor, guerra, desastre o acuerdo de las partes. No habiéndose producido ninguna de ellas no procedería que la concesionaria pretenda salvar sus incumplimientos aferrándose a un cambio de plazos. El fracaso de la concesión tumbesina es un claro ejemplo de que no basta eludir las responsabilidades públicas para liberarse de los problemas, que al final pueden resultar peores que lo que había antes. (Unidad de Investigación. LA PRIMERA)
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