(www.lajornada.com).- El sistema hidráulico de la ciudad de México se encuentra en riesgo. La reducción de personal y la intromisión de empresas privadas en los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y plantas de tratamiento está generando un clima de animadversión contra el organismo, con miras a su privatización, denunciaron trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Las consecuencias de esta política se sufrieron durante la pasada temporada de lluvias con un incremento en el número de encharcamientos y “se corre el riesgo de una gran inundación” de no cambiar esta política que ha provocado que cuatro de cada 10 litros que llegan a la ciudad se pierdan en fugas, dijeron, al proponer la construcción de un emisor paralelo al central pues se encuentra al límite de su capacidad.
El emisor central saca aproximadamente 200 metros cúbicos por segundo y consta de 6.50 metros de diámetro por 50 kilómetros de longitud, pues la Lumbrera Cero que descarga en el río El Salto, en Hidalgo, tiene una profundidad de 70 metros y, en ocasiones, ha estado a escasos 7 metros de desbordarse. “Si sucede, provocaría una inundación irremediable, de muy grandes proporciones”, comentaron Gerardo Palacios y Luis de la Cruz Fierro.
En conferencia de prensa, acompañados de otros trabajadores agremiados a la sección 33 del SUTGDF, explicaron que desde 1993 inició el proceso de concesión de los servicios hidráulicos por 10 años y en 2004 se prorrogó por cinco años más, con la posibilidad de refrendarse por un tiempo similar, en favor de las empresas Servicio de Agua Potable, Industria del Agua, Tecnología y Servicios del Agua y Aguas de México.
Su operación ha derivado en el despido de 780 trabajadores y en la reducción de las cuadrillas de malacates encargadas de desazolvar la ciudad; una capacitación selectiva y reducida del personal; la cancelación de prestaciones económicas y vestuario de invierno; y la “compactación” de la mayoría en los niveles salariales más bajos, lo que representa ganar entre 50 y 75 pesos diarios.
Ante ello solicitaron un incremento salarial de emergencia, la condonación del pago por concepto de agua potable para quienes laboran en el SACM, otorgamiento de un bono de transporte y 90 días de aguinaldo; así como la revocación de los contratos a dichas empresas para evitar la privatización del servicio a corto plazo.
