(Diario de Chimbote).- Reacción inmediata. El integrante del Directorio de SEDACHIMBOTE, Ing. Rodolfo León Menéndez y el secretario general del Sindicato de Trabajadores de dicha empresa paramunicipal, Víctor Tarazona Zavaleta rechazaron la promulgación de la Ley 30045 y se mostraron en desacuerdo con una intervención del gobierno a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento con fines de privatizarlas.
León Ménendez, quien es además, actual presidente de la Cámara de Comercio de la provincia del Santa, advirtió que detrás de esta norma existe una voluntad explícita de privatizar las empresas de saneamiento, lo cual no sólo es peligroso en contra de la estabilidad laboral de los trabajadores, sino fundamentalmente porque la tarifa de agua potable subiría considerablemente si la empresa es controlada por un privado.
“Es sumamente preocupante que el gobierno pretenda inmiscuirse en una empresa que le pertenece a los Municipios de Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma y Huarmey; además, las actuales cifras en el balance de la empresa son positivas, sin embargo, hay otras consideraciones como la deuda al FONAVI que se arrastra de años que dejan en holgada posición al gobierno de adueñarse de las EPS” indicó Rodolfo León Menéndez.
Agregó que en los próximos días se reunirán con el directorio en pleno para expresar de manera colegiada su rechazo ante esta ley, cuya reglamentación debe salir en 90 días, “no debemos permitir que una empresa cuyo accionariado le pertenece a los Municipios termine siendo manejada por el gobierno central a través de una organismo denominado OTASS que han creado para desaparecer las empresas de saneamiento” puntualizó.
Por su parte, Víctor Tarazona Zavaleta, secretario general del SUTAPCHA indicó que esta modalidad de intervención del gobierno central en las EPS es una amenaza abierta en contra de la estabilidad de los trabajadores, razón por cual confirmó que desde el próximo 4 de julio iniciarán una serie de medidas de fuerza en todo el país para impedir su ejecución.
“No estamos de acuerdo con esta norma aprobada por el presidente Ollanta Humala, la rechazamos por completo y esperemos que la misma sea anulada o declarada inconstitucional, pues las empresas de saneamiento, como es el caso de SEDACHIMBOTE le pertenecen a los Municipios” explicó.
Tarazona Zavaleta adujo que si bien es cierto, todos los gobiernos municipales de turno terminaron politizando la empresa, sin embargo, ello no es razón alguna para permitir una eventual privatización como se pretende, “ya tenemos la pésima experiencia en Tumbes, donde el privado ofrecer un pésimo servicio y cobra una tarifa muy alta” anotó.
“Actualmente la tarifa de agua tiene un alto porcentaje social que no se dará si es que una privada asume la administración y a eso apunta el gobierno, pero no lo vamos a permitir” acotó.
